- Su objetivo es dar una respuesta política concreta a las vulneraciones de derechos que afectan a las personas en exclusión social.
Con motivo de las próximas elecciones generales del 23 de julio, y tal y como ha venido haciendo en las últimas convocatorias electorales, Cáritas ha presentado a los partidos políticos una batería de propuestas para atajar la situación de vulnerabilidad que viven una de cada cuatro personas en nuestro país, con el objetivo de que sean introducidas en los programas electorales.
Bajo el título “Propuestas de Cáritas ante las elecciones generales 2023”, el documento desarrolla un total de ocho medidas concretas, que ya han comenzado a presentarse a los distintos grupos del arco parlamentario. “El objetivo es contribuir a lograr un marco legislativo que garantice los Derechos Humanos para el conjunto de la sociedad, prestando especial atención a las personas que mayores dificultades tienen para acceder a ellos debido a realidades de pobreza y exclusión”, explica Ana Abril, coordinadora del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.
Prioridades de las personas acompañadas
Esta batería de iniciativas -que se han venido presentando en las últimas convocatorias electorales con un resultado positivo, ya que se han visto reflejadas de alguna manera en la normativa aprobada durante la legislatura- son el resultado de un proceso de consulta que se inició en febrero de 2022 y en el que participaron cerca de 1000 personas en situación de exclusión acompañadas por Cáritas en todo el territorio.
Divididos en 95 grupos de reflexión, los participantes de diferentes programas de las Cáritas Diocesanas han identificado aquellos derechos que requieren ser garantizados para posibilitar su plena participación en la sociedad. Para completar esa foto fija de la realidad social de nuestro país, Cáritas ha completado el análisis a través de su observatorio de la realidad y de las constataciones de los informes FOESSA.
Cáritas reivindica su papel como agente activo de transformación de la sociedad, tanto a nivel local como global. Una misión que viene refrendada por su importante base social (73 661 voluntarios y voluntarias y más de 2,6 millones de personas participantes en España y en proyectos de cooperación internacional) y su amplia presencia territorial (70 Cáritas diocesanas y más de 5 400 Cáritas parroquiales) como organismo cualificado del servicio organizado de la fraternidad de las comunidades cristianas.
“Cáritas presenta estas propuestas legislativas desde la constatación de que, cuando se establecen prioridades políticas, y se desarrolla un proceso que involucra la sociedad y a quienes tienen la competencia de gobernar y legislar, finalmente se aprueban políticas que tienen como eje principal a las personas que más lo necesitan”, subraya Ana Abril.
Ocho propuestas para “una sociedad más justa y fraterna”
Estas son, en síntesis, las ocho propuestas que Cáritas presenta ante la convocatoria electoral del próximo 23J:
1. Garantizar la efectividad de los derechos humanos. Cáritas sugiere la modificación de la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales y la creación del Comité de Seguimiento de las Resoluciones de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos. Su objetivo es que todas las personas en España tengan garantizados de forma efectiva los derechos contenidos en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Este artículo establece el contenido mínimo que un ser humano necesita para tener un nivel de vida adecuado, es decir, acceso a la alimentación, a la vivienda y a sus suministros (energía, agua, internet), al vestido, a la asistencia médica, a los servicios sociales y a seguros (en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad o vejez).
“La clave es que en nuestro país haya vías de garantía del cumplimiento de este artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contiene el soporte que toda persona necesita para poder vivir con dignidad al poder acceder a un nivel de vida adecuado que le asegura salud y bienestar”, explica Sonia Olea, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.
2. Prevención de la exclusión residencial de personas en situación de vulnerabilidad. Según el informe “Evolución de la cohesión social y Consecuencias de la Covid-19 en España”, presentado a inicios de 2022, una de cada cinco familias en nuestro país sufre exclusión residencial, es decir, que tienen graves dificultades en relación al acceso y al mantenimiento de la vivienda. En el caso de los hogares en pobreza severa, ese porcentaje aumenta hasta el 69%.
De hecho, unas 174.000 familias acompañadas por Cáritas (11,6%) reconocían haber sufrido algún tipo de amenaza de expulsión de su vivienda, según el informe “Un año acumulando crisis. La realidad de las familias acompañadas por Cáritas en enero de 2021″.
Frente a esta situación, Cáritas recomienda la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para asegurar que las personas vulnerables no puedan ser desalojadas de su hogar en tanto no se garantice el acceso a una ayuda económica para el mantenimiento de la vivienda o la opción de una vivienda alternativa. Esta propuesta responde a los Dictámenes y Recomendaciones del Comité de Derechos Económicos y Culturales (DESC) de Naciones Unidas.
3. Desarrollar un Plan Integral de Cuidados. Cáritas propone trabajar desde el diálogo y la participación en un plan ambicioso y transversal que suponga un avance en la garantía de los cuidados en todas las etapas de la vida, especialmente de las personas que se encuentran en riesgo o en situación de pobreza.
“La realidad pone de relieve la necesidad de garantizar que todas las personas en las diversas etapas de la vida tengan acceso a los cuidados y de fortalecer los derechos laborales de quienes los prestan. Los cuidados son un reto esencial de nuestra sociedad y deben garantizarse para todas las personas, por ello este plan debe tener en cuenta la realidad de las personas más vulnerables”, explica Ana Abril.
4. Garantizar el derecho a una buena Administración. Cáritas recuerda que las administraciones públicas tienen el deber de garantizar el derecho de todas las personas administradas a elegir si se comunican con ellas a través de medios electrónicos o no para el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
Según el “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España”, una de cada tres personas en nuestro país sufren los efectos de la brecha digital. El apagón digital se ceba además con los hogares en situación de exclusión severa (51,2%).
“Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con las administraciones públicas de forma directa. Sin embargo, una vez terminada las limitaciones impuestas por la pandemia, hemos comprobado que la Administración sigue ‘ausente’. Además, se han multiplicado los procedimientos electrónicos y la exigencia de citas previas. En la práctica la dificultad para hacer un trámite ante la Administración pública supone una pérdida de oportunidades o la imposibilidad de acceso a un derecho reconocido como ocurre, por ejemplo, con el Ingreso Mínimo Vital, en muchos casos el único ingreso de una familia”, señala María Segurado, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.
Frente a esta realidad, Cáritas propone la creación de suficientes puntos de acceso públicos dotados de personal de apoyo y con presencia en todo el territorio, incluidas las zonas rurales, para garantizar que aquellas personas que así lo deseen puedan realizar y ser acompañadas de forma presencial.
5. Desarrollar políticas de empleo resilientes e inclusivas. Cáritas recomienda que el Sistema Nacional de Empleo ataje las deficiencias del mercado de trabajo y las adapte a las nuevas realidades sociales, poniendo el foco en los colectivos de personas con un acceso más complicado al empleo decente. Para ello, Cáritas sugiere que la nueva Agencia Española de Empleo planifique y coordine políticas de empleo que garanticen una empleabilidad adecuada teniendo en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora facilitando la conciliación.
Siguiendo esa línea, es necesario que se lleven a cabo programas formativos que estén acompañados de acciones socioeducativas orientadas a desarrollar habilidades y capacidades en la población más vulnerable. “En definitiva, buscamos unas políticas públicas que generen un mercado laboral más resiliente para las personas que sufren una situación de mayor vulneración”, indica Pedro Carceller, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.
En relación a las trabajadoras del hogar, Cáritas reclama continuar con la equiparación real y completa en materia de derechos laborales y de seguridad social con el resto de trabajadores del régimen general y una diferenciación profesional entre el cuidado de personas y del hogar.
6. Promover una política migratoria que contemple oportunidades más allá del mercado laboral. Cáritas conoce bien las muchas dificultades de las personas migrantes para acceder a nuestro territorio de forma legal y segura ante la falta de vías no vinculadas necesariamente al mercado laboral. Por ello, Cáritas pide revisar las condiciones de acceso regular para garantizar la igualdad de trato de todas las personas extranjeras, así como el acceso a una autorización de residencia que contemple otros requisitos no vinculados necesariamente a contar con contrato de trabajo.
“La reagrupación familiar -por ejemplo- es una vía legal y segura, pero en muchos casos no es posible porque si bien se han flexibilizado los requisitos desde el punto de vista económico, la principal dificultad para las personas migrantes sigue siendo el acceso a la vivienda. Muchos no tienen posibilidades de alquilar porque las condiciones son inalcanzables”, explica María Segurado.
7. Protección efectiva de las víctimas de violencia machista. Cáritas recomienda ampliar el concepto de violencia de género -previsto en la Ley Orgánica- a todas las formas de violencia machista. Además, solicita unificar a nivel estatal los criterios y flexibilizar los procedimientos de acreditación de la condición de víctima para garantizar así el acceso efectivo a derechos de todas las mujeres que sufren violencia machista en cualquier ámbito de su vida con independencia del territorio y de su situación administrativa.
“La normativa estatal contempla un concepto restrictivo de violencia machista lo que limita su ámbito de aplicación y protección. A nivel autonómico, además existe diversidad en relación con el concepto y el proceso de acreditación de la condición de víctima lo que provoca diferencias en función del territorio en el acceso a derechos (vivienda, empleo …), medidas de protección o a prestaciones sociales”, asegura Raquel Benito, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.
8. Garantizar que la cooperación al desarrollo contribuya al fortalecimiento de la sociedad civil en terceros países. Cáritas considera que nuestro país debe acometer políticas en las que se priorice el fortalecimiento de la sociedad civil en los distintitos estados en los que haya presencia de la cooperación española, con el objetivo de contribuir a la construcción de la paz mediante el desarrollo de las comunidades y fortalecimiento de las instituciones locales.
“Queremos que las políticas de cooperación de España apoyen a la sociedad civil y protejan a los defensores de Derechos Humanos en aquellos países donde hay una enorme represión”, indica Pedro Carceller.
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