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Cáritas recuerda que los derechos humanos no se «dejan en reserva» durante una emergencia social

  • Cuanto mayor sea su defensa y protección durante la Covid-19, mejor será la recuperación tras el impacto social, ambiental y sanitario.

Los profundos efectos sociales y económicos provocados por la Covid-19 afectan de lleno a esta edición del Día de los Derechos Humanos, una jornada en la que Cáritas se suma al llamamiento de las Naciones Unidas con el lema elegido para 2020: “Una mejor recuperación: defiende los derechos humanos”.

La respuesta óptima al impacto de la pandemia pasa por reforzar la defensa y la protección de los derechos humanos, y no por “guardarlos” o “dejarlos en reserva” para cuando esta emergencia global comience a remitir. Para Cáritas y en la línea que demanda la ONU, la actual crisis reclama con urgencia la necesidad de asegurar que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación y de una reconstrucción que mejore de manera efectiva las situaciones de vulnerabilidad.

Erradicar la desigualdad y la discriminación

Este objetivo sólo podrá alcanzarse en todo el mundo si somos capaces de crear igualdad de oportunidades para todos, abordar los fracasos en nuestro modelo de desarrollo y de bienestar que la pandemia ha puesto en evidencia, y aplicar las normas de derechos humanos para hacer frente a las condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación.

Como señala Sonia Olea, experta de Cáritas en derechos humanos, “el 10 de diciembre es una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos para construir de nuevo el mundo que queremos, la necesidad de solidaridad mundial y la interconexión y humanidad que compartimos como seres humanos”. “Es necesario involucrar a toda las Cáritas locales y los socios con quienes trabajamos en el terreno en la tarea común de impulsar una acción transformadora, estimulada por ejemplos prácticos de defensa activa de los derechos humanos que puedan contribuir a la recuperación y al fomento de sociedades más resilientes y justas”, añade.

Cerrar las brechas en la protección de los derechos humanos

Cáritas es testigo, tanto en España como a través de su vasta red internacional presente en más de 200 países y regiones de todo el mundo, de cómo la crisis de la Covid se ha visto alimentada por el agravamiento de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la discriminación estructural y otras brechas en la protección de los derechos humanos.

Sólo a través de medidas dirigidas a cerrar estas brechas y promover los derechos humanos es posible garantizar una plena recuperación y la reconstrucción de un mundo mejor, más justo y sostenible. De manera concreta, Cáritas propone:

– Erradicar cualquier tipo de discriminación: los efectos de la pandemia se han visto agravados por la discriminación estructural y el racismo. La igualdad y la no discriminación son requisitos básicos para el mundo después de la Covid-19.

– Actuar frente a las desigualdades: para recuperarnos de la crisis, también debemos afrontar la pandemia de la desigualdad mediante el fomento y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Necesitamos un nuevo compromiso social para una nueva era.

– Impulsar la participación y solidaridad: todos estamos juntos en esto. Desde las personas hasta los Gobiernos, desde la sociedad civil y las comunidades de base hasta el sector privado, todo el mundo tiene una responsabilidad en la construcción de un mundo posterior a la pandemia que sea mejor para las generaciones presentes y futuras. Tenemos que asegurarnos de que las voces de los más afectados y vulnerables informen de las actividades de recuperación.

– Promover el desarrollo sostenible, indispensable para las personas y para el planeta. Los derechos humanos, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París son los pilares de una recuperación que no deje a nadie atrás.

Defensa de los derechos de los invisibilizados

Junto a ello, Cáritas quiere poner el foco en esta jornada en la situación de especial vulnerabilidad que venimos detectando en las personas acompañadas en nuestro país y en las comunidades del Sur donde apoyamos el trabajo de las Cáritas locales y la Iglesia.

En España, urge promover una defensa activa de los derechos humanos que evite el sufrimiento multiplicado durante la pandemia de los invisibilizados y los frágiles a los que apoyamos, como son las personas en situación de calle, las madres solas, las personas mayores y las familias sin vivienda adecuada a la espera de un desalojo o las que malviven en asentamientos en pleno invierno sin agua corriente ni electricidad.

Y en los países del Sur, Cáritas se siente preocupada por el agravamiento de graves procesos de deterioro de derechos humanos en las comunidades más expuestas al extractivismo y la minería ilegal, que ha alcanzado niveles máximos durante la pandemia, así como al incremento del ritmo de deforestación para macro actividades de explotación agropecuaria de productos ajenos a sus territorios. Junto a ello, hay que lamentar el asesinato en los últimos meses de varios defensores de derechos humanos o la expulsión de esas regiones vulnerables de los sistemas humanitarios de protección ante la pandemia.

Estas agresiones hacen inaplazable para Cáritas la necesidad de redoblar su acción de incidencia en la vida legislativa para garantizar que el enfoque de derechos humanos se incluye tanto en el diseño y ejecución de las políticas públicas de los Gobiernos como en su evaluación.

En esta línea se enmarcan las campañas en marcha, en las que Cáritas participa, para lograr la ratificación de los tratados multilaterales de derechos humanos que proveen de los principios y base legal para hacerlo posible.

De manera concreta, destaca acciones como la desarrollada ante el Gobierno español para la ratificación de la Carta Social Europea y su protocolo facultativo; la dirigida al cumplimiento por parte de la UE de la Convención Europea de Derechos Humanos; en América Latina, la aplicación del Convenio de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe); y ante la comunidad internacional el cumplimiento de los dictámenes de los órganos de los tratados de derechos humanos para obedecer a su compromiso de proteger los derechos de las personas, de las familias y de los pueblos.

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