Por primera vez en 20 años, la cooperación vive una reforma. El anteproyecto de Ley, que llega al Consejo de Ministros y de ahí pasará a las Cámaras, supone una oportunidad de conseguir una norma realmente transformadora. Cáritas Española celebra la reforma del sistema de cooperación y, como miembro participante en las acciones de incidencia llevadas a cabo por la Coordinadora de ONGD, apoya las propuestas presentadas por esta plataforma para que la nueva norma “pueda responder a los desafíos globales actuales”.
“Este texto es el resultado de un amplio proceso de debate en el que, desde Cáritas Española, elogiamos algunos de las medidas contempladas que suponen un avance y una actualización necesaria de la actual Ley de Cooperación que data de 1998. Sin embargo, en el siguiente proceso parlamentario que previsiblemente comenzará en las próximas semanas, alentamos a los distintos grupos políticos a que aseguren un texto legal que acabe dotando a la cooperación española de una visión estratégica con medios y recursos suficientes para promover la justicia global y los derechos humanos”, señala Pedro Carceller Icardo, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, de la que Cáritas Española forma parte, ha realizado una serie de propuestas para garantizar que la nueva Ley de Cooperación garantice la coherencia de políticas; una cooperación que fomente la democracia y la participación ciudadana y se comprometa con el 0,7%.
De acuerdo al análisis realizado por la Coordinadora -en consenso con otros actores sociales-, el anteproyecto sienta las bases para promover la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en la acción exterior del Estado, así como su integración en los mecanismos de implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, es imposible llevar esto a la práctica sin un análisis del impacto de las políticas públicas a nivel global. Es necesario que la Oficina de Evaluación de la Cooperación Española cuente con un mandato concreto al respecto y recursos suficientes para dar cuenta de tal tarea.
El compromiso del 0,7%
La Ley contempla el objetivo de alcanzar el histórico 0,7% de la Renta Nacional Bruta para cooperación, y el 10% de esos fondos a acción humanitaria. Después de décadas sin que ese compromiso se haya cumplido, está bien que sea reconocido por ley, aunque sin una hoja de ruta que lo haga realidad puede quedarse en otra mera declaración de intenciones.
También es necesario destinar el 3% de los recursos de Ayuda Oficial para el Desarrollo a la educación para la ciudadanía global. La implicación de la sociedad civil como parte relevante de la cooperación es fundamental para garantizar una propuesta realmente transformadora, señala la Coordinadora.
El rol destacado de las ONG de Desarrollo
En este ámbito, el papel de las ONG de Desarrollo es determinante, tal como reconocía recientemente el CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE). La Ley reconoce ese rol, pero debe ir más allá y fomentar entornos que lo promuevan; es una oportunidad para definir claramente cuál es el aporte específico de las ONGD y de la sociedad civil. También es necesario que abra la puerta a incentivar las donaciones privadas a la cooperación internacional.
En todo este puzle hay una pieza que es seña de identidad de nuestro país: la cooperación descentralizada. Es importante que sea reconocida y no se pierda la oportunidad de construir un modelo que pase de un enfoque de coordinación a uno de corresponsabilidad, añade en su análisis y del que Cáritas Española se ha hecho eco.
El anteproyecto de Ley supone un importante avance en comparación con la Ley de 1998, ya que incluye la promoción de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud como un objetivo pleno y un eje de actuación transversal de la Cooperación Española.
La Coordinadora propone que en la fase de tramitación parlamentaria se puedan detallar conceptos, de manera que se apueste por sectores clave para la infancia, como la educación, la salud, la protección y la reducción de la pobreza. También podrá reforzarse el enfoque de género de modo que se reconozca a niños, niñas y jóvenes como actores fundamentales en la defensa de los derechos humanos, el medioambiente, la igualdad y la justicia global.
Cuestiones pendientes y oportunidades
Entre sus propuestas la Coordinadora también apunta que existen algunas cuestiones que deben ser abordadas para garantizar una cooperación del S.XXI. La reforma del estatuto de la AECID, la cooperación financiera, el estatuto de las personas cooperantes o la normativa de subvenciones, son algunos asuntos que se pretenden desarrollar en reglamentos específicos. La participación de la sociedad civil debe ser asegurada tanto en el diálogo previo a los respectivos reglamentos, como en los diferentes órganos (AECID, Consejo Superior) e instrumentos (cooperación financiera).
Es vital simplificar la burocracia y aligerar procesos. Todos los actores del sistema, y, por tanto, la política de cooperación en su conjunto, mejorarían su impacto. La Ley General de Subvenciones debe ser reformada para garantizar la mayor efectividad posible en los procesos.
En relación a la cooperación financiera (aquella que fomenta el desarrollo a través de inversiones o transferencias), debe ser integrada en el conjunto del sistema de cooperación en sus objetivos, estándares y formas de operar. Eso ha de ser asegurado de forma especial en lo que se refiere a la garantía de los derechos humanos, la protección del medioambiente y la transparencia, apunta la Coordinadora.
El momento para realizar estas modificaciones es ahora. La propuesta que llegue al Congreso debe incluir cuestiones que son fundamentales para garantizar una cooperación que responda las múltiples crisis que afectan a millones de personas en todo el mundo, concluye la Coordinadora.
