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La denominada ‘sociedad expulsada’ ha pasado de 20.000 personas en 2018 a más de 100.000 en 2021.
Bajo el título «Exclusión y desarrollo social en Euskadi», Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) presentan en Bilbao la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia.
La presentación corrió a cargo de Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española y secretario técnico de FOESSA, Ana Sofi Telletxea, responsable del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Bizkaia y Joseba Zalakain, director del SIIS, Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga.
Los principales resultados de este trabajo de investigación alertan de que la cohesión social en nuestra comunidad ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2.
El informe, que se ha presentado junto con el informe global de la “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España”, ha sido desarrollado por 30 investigadores de 10 universidades y entidades de investigación. Un equipo profesional de más de 150 personas que han llamado a más de 90.000 puertas a nivel estatal y 7.000 puertas en Euskadi.
El estudio constata que se mantienen las tasas elevadas de integración social pero crecen con fuerza las situaciones de exclusión severa alcanzando a 199.000 personas profundizando la brecha de desigualdad en Euskadi.
Las personas en situación de exclusión social representan el 16,3% de la población de Euskadi, aproximadamente 1 de cada 6 habitantes. En torno a 360.000 personas sufren la exclusión social, es decir, unas condiciones de vida afectadas por más problemas que la falta de dinero (pobreza) como son: problemas con el empleo, los ingresos y por tanto la capacidad de consumo, al acceso a la legalidad, a la educación, a la salud, a la vivienda, las problemáticas de lazos sociales, como son la soledad o el conflicto social.
Desde una perspectiva global, en Euskadi se mantienen las tasas elevadas de integración social en un 56,5% pero crecen con fuerza las situaciones de exclusión severa alcanzando a 199.000 personas. Dentro de este grupo preocupa especialmente la situación de la población a la que denominamos ‘sociedad expulsada’ (aquella que acumula mayor número de problemas), que ocupa el espacio más extremo de la exclusión social severa y que ha pasado de afectar a 20.000 personas en 2018 a más de 100.000 en 2021.
Uno de los aspectos diferenciales de esta crisis es la profundización de la brecha de desigualdad en Euskadi, donde las grandes damnificadas por la Covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad y exclusión social antes de esta crisis.
La Covid-19 sacude el mercado de trabajo
La precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha multiplicado y alcanza a más de 115.000 hogares que dependen económicamente de una persona sustentadora principal que sufre inestabilidad laboral grave. Lo que significa que en el último año ha tenido: 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos diferentes, en 3 o más empresas distintas.
Si en 2018, la proporción de hogares en esta situación era en Euskadi de un 2,3%, en 2021 alcanza el 12,9%, superando de esta manera la incidencia de estas situaciones en el conjunto de España, que afectan a un 10,3% de los hogares.
Durante la crisis, la situación de que el sustentador del hogar se encuentre en paro de larga duración se ha multiplicado por 3 y ha alcanzado a más de 48 mil familias, y el desempleo total familiar se ha duplicado hasta alcanzar a 80 mil familias.
Importantes efectos en la vivienda y en la salud
Crecen las situaciones de exclusión residencial y el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y una influencia notable sobre los recursos económicos:
• Aumenta el porcentaje de población con gastos excesivos de vivienda. El pago del alquiler o la hipoteca deja a 113.000 familias en situación de pobreza severa.
• 39.000 familias viven en una vivienda insegura, es decir, con una tenencia en precario, amenaza de expulsión, violencia doméstica o inseguridad de sus miembros.
• 52.000 hogares viven en una vivienda inadecuada, es decir, con deficiencia grave en la construcción, suministros o ubicada en un entorno degradado, etc.
El problema más relevante en el ámbito de la salud es la falta de acceso a medicamentos debido a problemas económicos y la presencia de situaciones de dependencia en todas las personas adultas del hogar.
La reducción de los ingresos ha generado que 64.000 hogares (7% del total de Euskadi) sufran falta de acceso a medicamentos, tratamientos o dietas por problemas económicos, una realidad que se dispara entre los hogares en situación de exclusión, afectando aquí a 4 de cada 10 de estos (40%).
El estado de ánimo y la salud mental irrumpen como elementos clave en términos de calidad de vida. Para un 49,3% de la población vasca, su estado de ánimo tras la pandemia es peor que antes del confinamiento, mientras que el porcentaje de las familias en las que alguien sufre un trastorno de salud mental diagnosticado supera el 14%, frente al 13% del 2013.
Aumento del aislamiento
La crisis también ha pasado su factura en la dimensión relacional, dejando un aumento de los problemas de aislamiento, especialmente marcado entre las personas más vulnerables. Un aislamiento que se observa en el incremento de hogares con personas solas que no cuentan con apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad, y que alcanzan a 45 mil personas.
Se han debilitado muy ligeramente las relaciones con los miembros del hogar, mientras que se ha notado un efecto intenso pero acotado al 15% de los hogares que sí han sentido el debilitamiento de las relaciones con los amigos.
El efecto más notable se ha dado en la reducción de la ayuda mutua, que ha pasado de representar el 76% de los hogares vascos en 2018 a suponer un 44% en 2021. Ha crecido por tanto el peso de quienes ayudan como el de quienes son ayudados, así como el de quienes ni ayudan ni reciben ayuda.
Las cinco brechas de la desigualdad
• Menos ingresos
Se agranda la brecha entre las familias con más y menos ingresos, siendo los grupos más afectados las mujeres, las familias con menores a su cargo, jóvenes y migrantes.
Los ingresos de los hogares resisten el incremento del desempleo, pero crece la desigualdad de las familias en renta y en términos de exclusión social.
Teniendo en cuenta que la principal fuente de ingresos de los hogares son las rentas del trabajo, la crisis sanitaria no ha hecho más que agudizar la desigualdad. En términos de renta, el informe revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 18 por ciento desde el inicio de la crisis de 2008.Todas estas carencias desigualmente distribuidas generan un mayor impacto sobre unas personas que sobre otras. Así, vemos que hay dos brechas activas que se hacen más profundas, como son la nacionalidad de origen y la edad, y una tercera brecha que se mantiene: el género. Y una nueva brecha que irrumpe con fuerza, la brecha digital.
• Las mujeres, las más afectadas
La brecha de género en esta crisis sigue presente comparando los hogares sustentados por hombres y los sustentados por mujeres, en los que la incidencia de la exclusión social es del 15,5% frente a un 18,1% respectivamente.
La brecha de género se hace especialmente grave en los hogares monoparentales cuya persona al frente es una mujer, grupo en el que la incidencia de exclusión social roza el 32% y se hace intensa entre la población femenina menor de 45 años.
La desventaja acumulada por razón de género, al margen de los cambios en la coyuntura económica y social, permanecen estables y remiten a cuestiones de tipo estructural y que es importante tener en cuenta de cara a diseñar políticas públicas eficaces.
• Ser extranjero aumenta el riesgo de exclusión
Ser persona extranjera en Euskadi es uno de los principales factores de exclusión. La población migrante es la más perjudicada en varios frentes. La nacionalidad de origen sigue una tendencia ya habitual y, por desgracia, persistente.
Casi 6 de cada 10 hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, esto significa 5 veces más incidencia de exclusión que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española, lo que dibuja una nueva línea de profundidad en la sociedad fracturada.
La población migrante acumula más dificultades en esta nueva etapa, ya que duplica la tasa de paro total, y sufre una mayor afectación de problemáticas en la vivienda.
• Los jóvenes sufren dos crisis seguidas
La edad y la etapa vital ganan fuerza como brechas en la exclusión social
Ser joven es otro de los factores de exclusión que ha sacado a la luz la crisis sanitaria de la Covid-19. A nivel generacional, la tasa de exclusión de la población menor de 30 años es 1,5 veces superior a la media, y diez veces superior a la de la población mayor de 65 años.Un grupo de los jóvenes ha experimentado ya dos crisis muy importantes justo en una fase esencial de sus proyectos vitales en los que se plantea la transición al empleo, a la vida adulta, la emancipación o la construcción de nuevos hogares: a los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años.
Por otro lado, la prevalencia de las situaciones de exclusión es mayor en hogares con menores de edad (niños, niñas y adolescentes), y asciende al 28% frente al 9% de hogares sin menores de edad. Las necesidades relacionadas con la crianza se relacionan así claramente con esta prevalencia de las situaciones de exclusión.
• El apagón digital, nuevo factor de exclusión
La investigación revela que casi la mitad de los hogares en exclusión social sufren el apagón digital, lo que significa que 64 mil hogares viven la brecha digital de manera cotidiana, algo que afecta especialmente a los hogares conformados solo por personas de 65 y más años y a personas que viven solas.
Este apagón digital supone dificultades especialmente serias para más de 24 mil familias (19% de los hogares excluidos), que han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a cuestiones digitales/ falta de conexión, de dispositivos informáticos o de habilidades digitales.
Nivel acto de activación de las familias
Frente a la imagen de pasividad que tienen las familias en situación de vulnerabilidad, el nivel de “activación” es muy alto. Incluso en 8 de cada 10 hogares desfavorecidos la activación es fuerte, ya sea porque consiguen trabajar, porque estudian o se forman para mejorar su empleabilidad, o porque participan de programas de los servicios sociales o de entidades del tercer sector como Cáritas para avanzar en su salida de la pobreza o la exclusión.
Esta activación de las familias en pobreza y exclusión desmiente el imaginario social que estereotipa a las personas en situación de pobreza y exclusión social como personas pasivas y desmotivadas.
Retos y propuestas
La crisis de la Covid-19 está dejando una profunda huella en los problemas sociales intensificados por la crisis del 2008 y que no fueron plenamente resueltos en el siguiente periodo de recuperación. Frente a esta situación, el informe Foessa y Cáritas Bizkaia consideran necesario abordar los siguientes retos:
1. Reimpulsar el modelo de estado de bienestar poniendo en el centro a la persona, favoreciendo el pleno acceso a sus derechos, especialmente en el ámbito de la vivienda, los ingresos mínimos, los cuidados, y el empleo digno.
2. Impulsar la participación ciudadana y política de toda la población especialmente de la que se encuentra en situación de exclusión.
3. Mejorar la cobertura de la RGI y del Ingreso Mínimo Vital para que alcance al máximo de situaciones de pobreza.
4. Implementar medidas que reduzcan la precariedad laboral, y que acaben con las situaciones de irregularidad.
5. Abordar y reducir las cinco brechas detectadas en Euskadi:
• ingresos (que impacta en la pobreza grave),
• edad (exclusión y pobreza infantil – juvenil),
• digital (que afecta al acceso a derechos y servicios),
• género (feminizando la pobreza y la exclusión social y vinculada especialmente a la crisis de los cuidados),
• origen (con acceso desigual a los derechos y al estatus de ciudadanía para personas migrantes)
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La denominada ‘sociedad expulsada’ ha pasado de 20.000 personas en 2018 a más de 100.000 en 2021.