En una Declaración sobre la Conferencia de OING de la Recomendación del Consejo de Europa sobre los derechos sociales
Cáritas. 24 de enero de 2018.- Cáritas Europa urge a los Gobiernos de la Unión Europea a comprometerse de una vez por todas con la defensa de los derechos sociales. En una Declaración difundida hoy en Bruselas sobre la Conferencia de OING de la Recomendación del Consejo de Europa sobre los derechos sociales, Cáritas lanza un llamamiento a los líderes europeos a adherirse a la Carta Social Europea Revisada y a reconocerla como la constitución social de Europa.
Este es el texto de la Declaración de Cáritas Europa:
Es hora de que los Gobiernos europeos se comprometan con los derechos sociales
Bruselas, 24 de enero de 2018. Caritas Europa apoya la recomendación que la Conferencia de Organizaciones Internacionales No Gubernamentales del Consejo de Europa adoptada hoy, 24 de enero de 2018, haciendo un llamamiento a todos los Estados europeos para que se comprometan con los derechos sociales al adherirse a la Carta Social Europea Revisada y reconociéndola como la constitución social de Europa.
«Los gobiernos europeos deben aprovechar la oportunidad que brinda la proclamación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales y comenzar a detallar una hoja de ruta para promover la garantía efectiva de los derechos sociales para todos», señala Peter Verhaeghe, experto en políticas sociales y representante de Caritas Europa en el Conferencia INGO.
El 17 de noviembre de 2017 Caritas Europa vio, en la proclamación de la Unión Europea del Pilar de los Derechos Sociales, una fuerte señal de compromiso político para garantizar los derechos sociales en un momento en que Europa se está recuperando lentamente de una gran crisis económica que causa graves problemas sociales en toda la Unión.
«Ya es hora de que los Gobiernos nacionales y la UE den prioridad a las personas. Necesitamos abordar las desigualdades entre y dentro de los países. Poner a la gente primero también significa ir más allá del empleo. Las personas no son sólo trabajadores sino seres humanos «, afirma Jorge Nuño Mayer, secretario general de Caritas Europa.
Caritas Europa comparte la opinión de la Conferencia de que todos los socios del Proceso de Turín (Estados miembros de la UE) deben seguir la proclamación con el compromiso inequívoco de aplicar efectivamente todos los derechos sociales que ya se han adoptado en el marco de la Carta Social Europea del Consejo de Europa.
Para garantizar que el proceso de implementación esté firmemente arraigado en la sociedad, Caritas Europa se une a la invitación de la Conferencia a la Unión Europea y sus Estados miembros para supervisar la aplicación de los principios consagrados en el pilar europeo de derechos sociales en estrecha consulta con representantes de la sociedad civil.
Propuesta al Gobierno español
La ratificación de la Carta Social Europea revisada y su Protocolo adicional de reclamaciones colectivas es una de las prioridades propuestas por Cáritas Española en su documento de Propuestas Políticas ante las elecciones generales presentado a todas las fuerzas parlamentarias con motivo de los últimos comicios legislativos.
Se trata de una demanda que Cáritas comparte en nuestro país, dentro de una estrategia en red, con el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, la Plataforma del Tercer Sector y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN España), quienes han urgido recientemente al Gobierno de España para que proceda a dicha ratificación. Para estas cuatro organizaciones, es preocupante el hecho de que nuestro país siga sin ratificar la citada Carta.
Cáritas entiende que la ratificación plena de la Carta aportaría a nuestro país una oportunidad indiscutible, tanto a nivel interno como en el conjunto de Europa, de ser promotor de la justicia social en un contexto convulso. Así lo han entendido, además, todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que el pasado 23 de noviembre aprobaron por unanimidad una moción relativa a la ratificación de la Carta Social Europea revisada, así como del Protocolo de Reclamaciones colectivas de 1995.
