Desde hace m\u00e1s de cuatro a\u00f1os, la alianza de entidades formadas por Andaluc\u00eda Acoge, C\u00e1ritas, CEAR, Fundaci\u00f3n CEPAIM, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes, ha realizado un seguimiento detallado a los procesos de reforma del Reglamento de Extranjer\u00eda y ha trasladado propuestas concretas a los diferentes ministerios para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad de las miles de personas a las que acompa\u00f1an.<\/p>\n

Las entidades lamentan que, a pesar de haberse abierto canales formales de escucha, las propuestas de la sociedad civil apenas han tenido impacto en la norma aprobada.<\/p>\n

Como aspectos positivos destacan que el desarrollo de los visados facilitar\u00e1 que las personas puedan llegar a Espa\u00f1a con las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias desde su pa\u00eds de origen y que la flexibilizaci\u00f3n de determinados requisitos permitir\u00e1 la regularizaci\u00f3n de algunas personas extranjeras que est\u00e9n sin autorizaciones en territorio espa\u00f1ol. Por ejemplo, en el caso del arraigo social se reduce un a\u00f1o el tiempo de residencia exigido para poder solicitarlo y el arraigo socioformativo permite trabajar hasta 30 horas mientras se realiza la formaci\u00f3n y una vez finalizada se podr\u00e1 cambiar el permiso de residencia por uno de trabajo presentando una oferta o contrato laboral. Sin embargo, se mantiene que para un n\u00famero muy importante sea necesario vivir al menos dos a\u00f1os de manera irregular para poder acceder a una autorizaci\u00f3n de residencia y trabajo.<\/p>\n

Las entidades alertan especialmente sobre las graves consecuencias que tendr\u00e1 la aplicaci\u00f3n del Reglamento para miles de solicitantes de asilo a las cuales se les deniega dicha solicitud. Seg\u00fan la Oficina de Asilo y Refugio, m\u00e1s de 190.000 personas solicitantes de asilo se encuentran pendientes de resoluci\u00f3n o admisi\u00f3n y estiman que podr\u00e1 dejar en situaci\u00f3n administrativa irregular en torno al 88% de las personas a las que no se les reconoce el estatuto de refugiadas, seg\u00fan las datos de a\u00f1os anteriores.<\/p>\n

Estas personas, durante el periodo de tramitaci\u00f3n de la solicitud, que suele estar entre uno y dos a\u00f1os, cuentan con una autorizaci\u00f3n para permanecer y trabajar en el Estado espa\u00f1ol. Con la reforma del Reglamento, la denegaci\u00f3n de la solicitud de asilo supondr\u00e1 no solo la p\u00e9rdida de esta autorizaci\u00f3n sino que, durante el primer a\u00f1o de vigencia del Reglamento, tendr\u00e1n que permanecer seis meses en situaci\u00f3n irregular si quieren solicitar los permisos por arraigo, una vez pase este tiempo, deber\u00e1n esperar dos a\u00f1os m\u00e1s para poder solicitar las autorizaciones, porque no se les reconocer\u00e1 el tiempo de residencia previo.<\/p>\n

De esta forma, el nuevo Reglamento de Extranjer\u00eda genera que personas y familias que se encuentran trabajando formalmente, cotizando, y desarrollando sus proyectos de vida con reconocimiento de derechos en Espa\u00f1a, sean penalizadas dej\u00e1ndolas en situaci\u00f3n administrativa irregular, perdiendo los derechos reconocidos.<\/p>\n

Con esta decisi\u00f3n, el Gobierno pretende desincentivar a las personas para que no soliciten protecci\u00f3n internacional en Espa\u00f1a. Intenta de esta forma reducir el n\u00famero de solicitudes para dar respuesta a la falta de capacidad de la Administraci\u00f3n para tramitar y acoger al creciente n\u00famero de personas que se ven forzadas a huir su pa\u00eds de origen y buscar protecci\u00f3n en Espa\u00f1a.<\/p>\n

Se genera de esta manera una inseguridad jur\u00eddica profunda que contradice las manifestaciones realizadas por la ministra de Inclusi\u00f3n, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que afirm\u00f3 que la reforma \u201crepresenta un equilibrio entre la extensi\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos de las personas migrantes y el rigor jur\u00eddico y la atenci\u00f3n a las necesidades de Espa\u00f1a\u201d.<\/p>\n

Las entidades sociales se\u00f1alan que, adem\u00e1s de crear nuevas situaciones de irregularidad administrativa, este Reglamento no va a resolver de manera inmediata la situaci\u00f3n de irregularidad de miles de personas y por ello destacan la necesidad de aprobar en paralelo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularizaci\u00f3n extraordinaria como v\u00eda para garantizar derechos a miles de personas que viven y trabajan en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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